Nuevo debate: ¿se deben cobrar los gastos en salud a los extranjeros?

01.03.2018

Conocé lo que dicen las principales normativas al respecto en Argentina

CNA

Recientemente se conoció la voluntad del Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de comenzar a cobrar la atención médica a los extranjeros que se atiendan en la Provincia. Si bien el Ministro de Salud de la Provincia, Gustavo Bouhid, explicó que “el proyecto de ley es para que el Estado Boliviano pague, no el ciudadano”, desde el primer momento surgió un debate alrededor del polémico proyecto.

Por un lado, se ubican aquellos que están a favor de la medida -que en muchos casos vienen pidiendo que se realice desde hace tiempo- y, por otro, se encuentran aquellas personas que están en contra de la decisión del gobierno jujeño.

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Pero, ¿qué aspectos enfrentan a estas dos posturas?

Quienes están a favor de la medida señalan que los gastos del sector sanitario están por encima de lo que el Estado puede sostener. A la atención que requieren todos los ciudadanos argentinos y los extranjeros que residen permanentemente en el país -en forma legal e ilegal- se le suma la atención que requieren los extranjeros que vienen en viajes rápidos y con el objetivo exclusivo de atenderse en hospitales argentinos.

Desde esta visión, el gasto que se genera por la atención a estos pacientes es muy elevado y no se justifica desde ningún punto de vista, ya que, al no ser residentes, no abonan los impuestos pertinentes que sirven para mantener los hospitales públicos de todo el país. Es una visión que prioriza dos aspectos. Por un lado, la parte económica del problema, es decir, que constituye un accionar antieconómico para los Estados provincial y nacional. Por otro lado, la atención a los ciudadanos locales. Quienes están a favor de la decisión señalan que en muchos casos los argentinos se quedan sin atención o sin insumos para ser atendidos porque esos recursos -que son escasos- se utilizan para personas de otros países.

Por el contrario, del lado opuesto se ubican aquellas personas que están en contra de la medida. Su postura se basa en dos normas fundamentales: la Constitución Nacional y la Ley de Migraciones -n° 25.871-.

Esta última establece entre los Derechos y Libertades de los Extranjeros un principio proclamado también en la Constitución Nacional, para “todos los habitantes del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. El texto explica, además, que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

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A su vez, en el 8° artículo de la norma se prohíbe explícitamente la posibilidad de tomar una medida como la anunciada por el gobierno jujeño. “No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”.

Por último, es importante destacar los resultados de una encuesta publicada acerca de la posibilidad de cobrarle la atención a los ciudadanos extranjeros en los hospitales públicos argentinos. Publicada por el diario Ámbito financiero, señala que siete de cada diez argentinos son proclives a que los extranjeros accedan en forma gratuita a la educación y la salud.

La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) junto con la encuestadora Voirces realizó el estudio mencionado, que constó de entrevistas a 1001 personas a partir de los 16 años de edad.

Ante la pregunta: “Dígame si está a favor o en contra de que los inmigrantes que residen en el país tengan acceso gratuita educación y salud”, un 68 se manifestó de acuerdo, un 28 en el caso de la salud en contra, al igual que un 27 respecto a la educación.

En el trabajo se menciona que la visión a favor del acceso gratuito a estos servicios se acrecienta a menor edad, 73 por ciento entre menores de 30 años versus alrededor del 62 entre los de mayor edad, y crece muy notablemente en el interior del país, tres cuartos de los entrevistados contra cerca de la mitad en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

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